Gas Bienestar, otra mala solución a un problema real

 

En la conferencia mañanera del 7 de julio el presidente López obrador anunció la creación de la empresa gas bienestar la cual comenzó a operar el 31 de agosto de este año, esto como una solución al oligopolio existente en el mercado de venta y distribución de gas LP en México. Pero ante esta extraña situación que nos recuerda a los años 70 del siglo pasado debemos preguntarnos, ¿es esta la manera correcta de corregir un problema real de mercado? Y si ¿realmente era necesaria la creación de una empresa propiedad del estado para garantizar que se ofrezcan precios justos?

 

¿Cuál es el problema?

Como bien lo comentó el presidente, en México existe un oligopolio en el mercado de venta y distribución de gas LP, lo que significa que muy pocas empresas concentran la mayoría del mercado lo que les permite ponerse de acuerdo entre sí para por ejemplo coludirse para fijar precios, acaparar la infraestructura de almacenamiento y distribución o para impedir que nuevos competidores ingresen a su mercado, a lo que se le conoce como prácticas oligopólicas. Si bien en nuestro país existen más de 6,300 permisos en torno al gas LP solo 7 grupos concentran la mayoría de estos y varios de estos grupos pertenecen a las mismas familias lo que concentra aún más el mercado y explica porque este es un mercado sin competencia, por ejemplo, en Baja California todas las empresas que distribuyen gas LP en el estado pertenecen a una misma familia y en 2020 impidieron por la vía judicial que una nueva empresa gasera abriera estaciones de servicio.

 

Pero  lo ocurrido en Baja California hace evidente la gran influencia política de estas empresas, ya que si bien a consecuencia de la reforma energética del sexenio anterior, el mercado de gas LP se liberó en 2017, pero esta entre comillas apertura del sector energético comenzó con grupos gaseros muy fuertes y consolidados que ya controlaban más del 80% del mercado y que acaparaban la operación de la mayoría de la infraestructura de almacenamiento y distribución subarrendada a PEMEX  que les daba una injusta ventaja de inicio sobre cualquier competidor nuevo.

 

Esto debido a que las condiciones actuales de este mercado son la herencia de un pasado de economía cerrada que se implementó en nuestro país a mediados del siglo pasado, donde para hacer cualquier tipo de negocio se requería de permisos y licencias de operación que no eran otorgados a cualquiera y que en el sector energético estas condiciones eran más cerradas aún, las cuales incluso permanecieron así décadas después de que el resto de la economía se abriera en los años 80. Por lo que el hecho de que los propietarios de las empresas gaseras tengan una gran influencia política capaz de interferir en decisiones judiciales no debe sorprendernos en lo más mínimo, al igual que tampoco debe ser una sorpresa su influencia sobre los entes reguladores quienes han permitido que estas empresas sigan operando bajo prácticas oligopólicas después de la apertura del mercado en 2017.

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Por esta razón al igual que en muchos otros mercados, el gas LP el tipo de gas más utilizado en los hogares mexicanos no solamente se vende a los consumidores finales a precios más altos de lo necesario, sino que el consumidor final no tiene forma de saber si se le venden litros de a litro, ya que no tiene manera ya sea de quejarse ante alguna autoridad que no favorezca a estas empresas o de acudir a alguna otra empresa que ofrezca un mejor servicio ya que simplemente no existen opciones.

 

¿Era necesario crear una empresa estatal?

Una vez que conocemos el contexto del problema, podemos entender por qué el comportamiento del precio del gas LP haya llamado la atención del presidente y de su gobierno, lo que no solo está justificado, sino que era su obligación el hacer algo al respecto, y fue precisamente lo que se hizo al implementar topes de precios al gas LP. Pero en un intento por obtener resultados en el corto plazo las soluciones se llevaron más al extremo y fue ahí donde surgió la idea de crear la empresa gas bienestar, por lo que una vez más el diablo está en los detalles y como ya se está haciendo costumbre en los gobiernos de la 4T en el cómo, pues el que unas cuantas empresas implementen prácticas oligopólicas y controlen su mercado es un problema de regulación y de corrupción por lo que no se requería de la creación de una empresa estatal que les hiciera competencia.

 

Para ello en México existen dos entes reguladores del sector energético que son la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como la Procuraduría Federal del Consumidor que defiende a los consumidores ante las empresas y la Comisión Federal de Competencia Económica que vigila que exista una verdadera competencia económica en todos los sectores de la economía mexicana. Todas esas instituciones son entes reguladores cuyo trabajo es precisamente el que problemas como el del gas LP no ocurran, ya que cuentan con las facultades necesarias para impedirlo por lo menos desde la apertura del sector energético en 2017, pero como ya es evidente no han hecho bien su trabajo.

 

Por lo que es una obligación del gobierno del presidente López Obrador el implementar las acciones necesarias para que estos reguladores hagan su trabajo como es debido y de esta manera cumplan con su función a la que están facultados, y si la excusa fuese el que las leyes que reglamentan a las instituciones reguladores no los facultan lo suficiente para castigar a las empresas que incumplan la ley, entonces MORENA y sus partidos aliados cuentan con los legisladores suficientes para hacer los cambios necesarios a las leyes, por lo que este gobierno cuenta con las herramientas suficientes para resolver este problema, ya sea para reformar los reguladores como para cambiar las leyes necesarias para castigar a las empresas que incumplen la ley.

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Pero el corregir las ineficiencias de las instituciones reguladoras es solo la mitad del problema, ya que si bien estas instituciones cuentan con muy pocos inspectores, sus presupuestos han sido recortados y sus facultades son muy limitadas para imponer sanciones a quienes incumplen la ley, aun así, la principal causa del por qué han permitido que las empresas gaseras implementen prácticas oligopólicas es la corrupción, ya que en la realidad las empresas gaseras operan en condiciones oligopólicas de forma descarada a la vista de todos, simplemente porque quienes deberían regularlos voltean la vista hacia otro lado, y para que esto ocurra de manera tan generalizada solo existe una explicación.

 

Entonces si la solución al problema estaba en las manos del gobierno y ya contaban con todas las herramientas para corregirlo, ¿por qué crear una nueva empresa estatal?

Desafortunadamente para la mayoría de nosotros, la respuesta obedece más a razones políticas que a querer realmente resolver el problema, por lo que desafortunadamente los consumidores mexicanos seguiremos pagando precios caros por el gas natural, además que de nuestros impuestos se pagarán los costos de crear esta nueva empresa, los cuales pudieron haberse utilizado para muchas otras causas más importantes para el país. Pues la razón de crear una empresa estatal para resolver un problema de regulación es simplemente para reafirmar la narrativa de que el gobierno está haciendo algo.

 

Esto debido a que el tomar las acciones correctas significa aplicar medidas que no solamente no serán fácilmente comprendidas sino que no serán visibles para la gran mayoría de la población, por lo que pasaron completamente desapercibidas, mientras que al crearse una nueva empresa estatal las fotografías de camiones repartidores y de las instalaciones de la nueva empresa acaparan las portadas de la mayoría de los periódicos del país, y de esta manera el ciudadano común obtiene la percepción de que el gobierno está haciendo algo para que bajen los precios del gas.

 

Consecuencias de crear empresas estatales innecesarias

El verdadero problema aquí no es que al crear la empresa estatal gas del bienestar no se resuelve el verdadero problema en el mercado de gas LP, sino que además se crea uno nuevo, ya que la creación de empresas propiedad del gobierno no es nada nuevo y en México estas representan uno de los grandes problemas de nuestra historia cuyas consecuencias las vivimos hasta la actualidad.

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Si indagamos un poco podremos encontrar que en los años 50 del siglo pasado se crearon políticas económicas que buscaban una economía cerrada con un mayor control del estado, bajo las cuales se crearon empresas paraestatales como teléfonos de México, Ferrocarriles Mexicanos, bancos, siderúrgicas, empresas de fertilizantes, ingenios azucareros, líneas aéreas, comercializadoras de productos agrícolas y pesqueros, entre muchas otras que en 1892 llegaron a sumar 1155 empresas paraestatales. Como no es sorpresa el gran problema con las empresas propiedad del gobierno son la corrupción, la ineficiencia y poca productividad debido a que la designación de sus directores y de la mayoría de sus empleados obedece a decisiones políticas y no empresariales, además que terminan siendo secuestradas por sindicatos charros que provocan que con el tiempo estas empresas cumplan más una función de colocación de personal que de subsanar ineficiencias de mercado. 

 

Debido a todo esto y a la crisis de deuda que vivía México en la década de los 80, las administraciones de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas llevaron a cabo un cuestionado programa de privatización de empresas paraestatales, el cual se llevó a cabo con muy poca transparencia y terminó vendiendo las empresas más valiosas del estado a precios de descuento a empresarios afines del gobierno, lo que provocó que la izquierda mexicana de forma más que justificada centrará su discurso de oposición en la privatización de las empresas estatales, y uno de los principales detractores a la privatización es el hoy presidente López Obrador.

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Lo que provoca que después de más de 30 años de discursos en contra de la venta o disolución de empresas estatales, será virtualmente imposible vender o disolver la empresa gas bienestar y demás empresas estatales que se le ocurra crear al presidente López Obrador en lo que queda de su gobierno, por lo que muy seguramente sin importar quien sea el sucesor del presidente ni de qué partido provenga, el fantasma de las privatizaciones de los 80´s y 90´s obligará que el gobierno mexicano siga manteniendo estas empresas aunque no cumplan un objetivo justificable e incluso si se vuelven una carga para las finanzas públicas, como sucede hoy con PEMEX o Correos de México