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Por qué los autos chocolates son un problema, y por qué nadie ofrece una verdadera solución

 

Autos Chocolates

Nuevamente nos acercamos al último trimestre del año, y otra vez circulan rumores sobre una posible regularización de automóviles ilegales en México, además el inicio del ciclo electoral de 2021 hace que varios gobiernos estatales ofrezcan soluciones al problema, que simplemente parecen más de lo mismo y no representan una solución real al problema de los autos introducidos ilegalmente al país, o autos chocolates, pues otra vez las soluciones hablan de programas especiales de regularización de automóviles que ya se encuentran en el país, pero nadie ni siquiera toca el verdadero problema que son las reglas de importación que hacen muy costosa la importación de vehículos, y de plano excluye a muchos de los vehículos en el mercado, dejándole la puerta abierta al mercado negro.

La propuesta del gobierno del estado de Baja California, es la que más destaca, ya que involucra toda una infraestructura para establecer un control de los vehículos que circulan, además de que esto representara una buena fuente de ingresos para el gobierno estatal, lo que incentiva al gobierno del estado no solo a hacerlo bien, sino también a impedir la operación de asociaciones de empadronamiento de vehículos como ONAPPAFA y ANAPROMEX entre muchas otras las cuales respaldados en amparos otorgados por jueces federales empadronan automóviles chocolate e incluso les otorgan placas de circulación lo cual es a todas luces un delito, el cual solamente es posible gracias a la corrupción que permite la gran cantidad de dinero que estas asociaciones manejan y distribuyen entre autoridades de todos los niveles para poder operar.

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¿Por qué? la propuesta de Baja California no soluciona el problema de los autos chocolate

Como era de esperarse, la propuesta de gobierno del estado de Baja California está siendo cuestionada por el gobierno federal, tanto porque el presidente López Obrador negó la existencia de un decreto presidencial que permita la regularización de vehículos, como por la disputa con el gobierno federal por usurpación de funciones del nuevo instituto de Identidad Vehicular de Baja California, el cual pretende censar todos los vehículos que circulan en el estado y mediante este censo cobrarle a los automóviles chocolates por circular, lo que según el gobierno federal asume algunas funciones que le corresponden al SAT

Pero aunque el gobierno de Baja California logre aplicar su propuesta, está solamente aplica para los automóviles que ya se encuentran en México, y no toca el problema de origen que son las estrictas y onerosas leyes fiscales que restringen la importación de vehículos al país, y es la razón por la que muchas personas recurren a formas ilegales para ingresar sus vehículos al país, lo que ha provocado que el problema de los autos chocolates se haya intensificado en los últimos años, por lo que si bien una regularización reduciría considerablemente el problema, este persistirá porque la población seguirá ingresando automóviles de forma ilegal, lo que provocará que eventualmente se requiera de nuevos programas de regularización vehicular.

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El problema de origen es competencia del gobierno federal

Si bien los autos chocolates circulan en el país desde hace décadas, tan sólo entre 1978 y 2001 se implementaron 14 programas de regularización de vehículos,  el problema se agravo el sexenio pasado, cuando el gobierno bajo la presión de asociaciones como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la AsociaciónMexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), no sólo incrementó los costos de importación sino también limitó la importación legal solo a vehículos fabricados en México, Estados Unidos y Canadá  con una antigüedad entre cinco y diez años para la franja fronteriza y ocho y nueve años de antigüedad para importación para el resto del país, excluyendo de toda opción legal al resto de los vehículos.

Como consecuencia de las nuevas reglas de importación que no han cambiado desde 2012, hoy gracias a la presión de los dueños de las agencias automotrices, para importar un automóvil de forma legal, se requiere pagar entre el 1 y el 10% de impuesto general de importación, 16% de IVA, impuesto sobre automóviles nuevos y derecho de trámite aduanero. Todos estos impuestos son calculados utilizando como base gravable, el valor de un vehículo nuevo en México de características similares al vehículo a importar, aplicando una depreciación de 10% por cada año de antigüedad sin que exceda el 80%. 

No hace falta hacer los cálculos para darnos cuenta que dichos impuestos incrementan el costo de importar un automóvil a un nivel casi prohibitivo, lo que explica porque tanta gente opta por no importar sus vehículos debido a que no les alcanza, todo esto sin tomar en cuenta la gran cantidad de vehículos que no se pueden importar, ya sea por no haber sido fabricados en México, Estados Unidos o Canadá, o por no estar dentro de la antigüedad requerida por la ley para ser importado.

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Los únicos ganadores han sido las asociaciones empadronadoras de vehículos

Para hacer más complejo el problema de los autos chocolates, los estados fronterizos se han llenado de asociaciones que empadronan los vehículos ilegales, las cuales a cambio de una cuota, empadronan los vehículos para incluirlos en un amparo otorgado por un juez federal, y le ofrecen a los ciudadanos una placa expedida por ellos mismos que les permite circular en determinados estados o municipios. Lo cual es ilegal a todas luces, pues solo el gobierno federal y los gobiernos estatales pueden expedir placas de circulación vehicular. 

Los autos chocolate empadronados en una de estas asociaciones, pueden circular en aquellos estados o municipios a los cuales la asociación empadronadora de vehículos les haya pagado a las autoridades correspondientes, para que el gobernador o presidentes municipales les instruyan a sus policías no detener los vehículos con dichas placas, creando un claro sistema de corrupción y manejo de clientelas electorales, lo cual desgraciadamente sucede a la vista de todos, desde hace ya demasiado tiempo.

Lo que le da sustento a la propuesta del gobierno del estado de Baja California, pues ya se permite a vista de todos, la existencia de asociaciones privadas expidiendo placas de circulación como si fueran una entidad gubernamental. Entonces porque un estado no puede ejercer esa función, al ser una entidad autorizada por la ley para expedir este tipo de documentos, al final de cuentas todo se resume a la falta de voluntad política, ya que el gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador, ha sucumbido a las presiones de las asociaciones de distribuidores de vehículos como todos sus antecesores.

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El tema de los autos chocolates divide al país geográficamente

Basta con leer los encabezados de los periódicos y las columnas de opinión, cada que se toca el tema de los autos chocolates, para darnos cuenta que las únicas voces que apoyan programas de regularización, o cambios en las leyes aduaneras que resuelvan el problema, se encuentran en la frontera norte donde los autos chocolates son un problema de movilidad urbana, seguridad pública, contaminación ambiental, y de corrupción a nivel estatal y municipal. 

Por ejemplo, la inclusión de un artículo transitorio ala ley de ingresos 2020, con la intención de que se regularicen los vehículos ingresados de manera ilegal al país, creó una reacción casi unánime de la prensa, organismos empresariales y políticos de todos los partidos, satanizando la iniciativa argumentando que dicha regularización afectará a la economía nacional. 

Siendo la mayoría de estos encabezados y artículos de opinión, el resultado del cabildeo de asociaciones de distribuidores de vehículos, quienes obviamente se oponen a este tipo de medidas, y representan la principal causa de porque no se resuelve el problema de los autos chocolates de raíz, debido a que al posicionar en la opinión pública nacional sus razones por las cuales no se debe permitir la entrada al país de automóviles importados, opacan cualquier argumento surgido en la frontera, en donde vive una minoría de la población del país, y las características de esta región son generalmente incomprendidas tanto por los medios nacionales, como por el resto del país.

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El cabildeo de la AMDA, presiona con prejuicios, para que no se resuelva el problema

Al leer las principales objeciones publicadas en la prensa nacional, se genera la percepción de que todos los automóviles extranjeros son ilegales y no deben circular en el país, pero la realidad es muy distinta, las leyes mexicanas contemplan la importación de vehículos usados de forma legal tanto para circular exclusivamente en la franja fronteriza, como para circular en todo el país, además de que se ha creado el prejuicio de que todos estos vehículos, son viejos, chatarras, o son vehículos que ya no pueden circular en Estados Unidos. 

Según la COPARMEX y otras organizaciones, si se regularizan los autos chocolates, la venta de automóviles nuevos se desplomarían entre 20 y 40%, lo que se sumaría a 28 meses consecutivos de caídas en las ventas de autos nuevos, lo cual afectara considerablemente a la industria automotriz mexicana la cual produce 1.9 millones de empleos, pero esa cifra no contempla solamente los empleos generados por las distribuidoras de automóviles, sino que incluyen los empleos generados por la industria automotriz.

Mientras que no mencionan que todos estos automóviles que se pueden importar, contienen por lo menos un 20% de sus componentes fabricados en México, hasta llegar al absurdo de automóviles fabricados en México, pero vendidos en Estados Unidos, los cuales no pueden ingresar legalmente al país a pesar de haber sido fabricados aquí, lo cual viola el tratado de libre comercio con América del norte, debido a que México restringe la entrada de vehículos producidos en la región, y la industria automotriz mexicana produce 1 millón de empleos directos y cinco millones de empleos indirectos.

Además, el segmento de personas que no importan sus vehículos porque no les alcanza, obviamente no pueden permitirse comprar un automóvil nuevo, y quienes sí les alcanza importan sus vehículos de forma legal y no compran automóviles mexicanos, por ser mucho más caros y por contar con estándares de calidad y seguridad, inferiores a las de un vehículo igual pero producido para circular en Estados Unidos o Canadá.

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¿Cuántos autos chocolates circulan en México?

Debido a la desaparición del Registro Federal de Vehículos y a la corrupción generada por las asociaciones de empadronamiento, no es posible saber cuántos automóviles ilegales circulan actualmente en México, la prensa asegura que pueden ser hasta 18 millones lo que equivale al 25% de los automóviles que circulan en México, pero son sólo estimaciones ya que no hay un registro oficial, siendo este problema más grave en Baja California estado donde se estima que hasta el 40% de los automóviles que circulan son ilegales.

¿Cuales son los problemas que generan los autos chocolate en México?

Como se menciona anteriormente a nivel nacional hasta 1 de cada cuatro vehículos que circulan no están registrados por ninguna entidad gubernamental, en algunos estados hasta el 40% de los automóviles circulan de forma irregular, lo que provoca que a causa de la gran cantidad de vehículos irregulares que circulan se generan los siguientes problemas:

 Seguridad pública

Debido a que las autoridades mexicanas no tienen un registro sobre estos vehículos, no nos debe sorprender que estos sean elegidos para realizar actividades ilícitas, por lo que los problemas de inseguridad del país se potencian gracias a la falta de rastreo que les facilitan los autos chocolates a los criminales, además que de presentarse un accidente vial, estos automóviles no cuentan con seguro, y si el conductor huye no es posible localizarlo.

Imposibilidad de crear programas de control ambiental

Como ya sabemos, las emisiones de los vehículos son una de las principales fuentes de contaminación ambiental en el mundo, pero en la mayoría de los estados del país no es posible el implementar verdaderos programas ambientales, que permitan a los estados el regular la cantidad de gases que emiten los vehículos en sus territorios, debido a que, al circular una proporción considerable de automóviles irregulares, los cuales no pueden ser sometidos a verificación ambiental.

Recaudación pérdida de los gobiernos estatales

Al no estar en México de forma legal, los gobiernos estatales que son los encargados de recaudar los permisos de circulación vehicular en el país, no pueden exigirles a los propietarios de estos vehículos que paguen estos permisos, lo cual provoca que los estados pierdan una parte de importante de la base de vehículos que pueden cobrarles la expedición de placas y demás permisos de circulación. 

Corrupción en todos los niveles

Cada auto chocolate que circula en México, es un símbolo a la corrupción y a la impunidad, pues desde un inicio para que dicho vehículo entre al país, se requiere de sobornar a un agente aduanal, y posteriormente por necesidad del propietario del vehículo irregular por afiliar el vehículo en una asociación de empadronamiento a cambio de una cuota, de la cual una parte se utiliza para sobornar autoridades estatales y municipales para que las corporaciones policiacas permitan que los vehículos con sus placas circulen sin problemas, hasta aquellos propietarios de autos chocolates que deciden no afiliar sus vehículos, y circulan sin placas o con placas extranjeras sobrepuestas, y se resignan a tener que sobornar a oficiales de policía cada vez que estos los detengan.

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Conclusión

El problema de los automóviles ilegales no se resolverá con la regularización propuesta por el gobierno de Baja California, si esta no viene acompañada de una modificación a las leyes aduanales, que reduzcan los costos de importación y permitan la importación de vehículos de cualquier antigüedad, y de orígenes fuera de América del norte para evitar exclusiones. 

Cabe aclarar, que no estoy sugiriendo que a todos los vehículos se les deba permitir la entrada sin ningún costo o control, los costos de importación para los vehículos fabricados en México, Estados Unidos o Canadá, deben reducirse a condiciones realistas, así como ajustar los requisitos como condiciones mecánicas y emisión de gases, y permitir que todos los automóviles con antigüedad superior a 5 años y que cumplan con los requisitos mecánicos y ambientales puedan ser importados. Además que se permita la importación de vehículos no fabricados en Norteamérica, eso sí con un arancel superior al que se le cobra a los automóviles fabricados en la región contemplada en el TMEC.

Y si a las autoridades federales no les preocupa resolver el problema de los autos chocolates, por no confrontarse con las distribuidoras de automóviles nuevos, si debe de preocuparles los problemas de seguridad, corrupción y recaudación perdida, que genera el que circulen tantos automóviles irregulares en el país, los cuales tienen un efecto mucho mayor y directo en una mayor cantidad de ciudadanos, que los argumentos que ofrece la AMDA para que este tema no se resuelva.

Además, que la existencia de las asociaciones de empadronamiento de vehículos, es en el menor de los casos algo inaceptable, ya que además de empadronar los vehículos expiden placas de circulación apócrifas, las cuales son reconocidas por las corporaciones policiacas locales gracias a la corrupción. Por lo que urge que se corrijan las leyes que permiten la existencia de amparos federales, que son el fundamento legal para que estas organizaciones existan.

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