Los propietarios de pequeñas y medianas empresas, también deben tener derecho a la seguridad social

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Vivimos una etapa de transición en el mundo laboral, solamente comparable con la época de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XIX, debido a que el mundo se dirige hacia la automatización de procesos, y los avances que hoy ya son visibles ponen en peligro muchos empleos que gradualmente serán reemplazados por máquinas o por inteligencia artificial. Y mientras en el resto del mundo se pregunta cómo enfrentar ese futuro ya muy cercano, en México apenas estamos intentando modernizar nuestras leyes laborales e implementar mecanismos para hacerlas cumplir, obligados por Estados Unidos y Canadá para poder firmar el nuevo tratado de libre comercio. Y todavía traemos retrasos en muchos sectores de nuestro mercado laboral, entre ellos incluidos a los propietarios de pequeñas y medianas empresas, quienes por su situación de empresarios quedan excluidos de servicios básicos a pesar de que pagan impuestos.

En artículos pasados, hable sobre la importancia de regular a la economía gig y de ofrecerle prestaciones laborales a sus trabajadores, quienes trabajan de forma independiente para plataformas digitales. Y justo en esa misma situación se encuentran los propietarios de pequeñas y medianas empresas, quienes a pesar de ser empresarios en su gran mayoría si ingreso les alcanza para mantener un nivel de vida que se encuentra en el  límite entre pobreza  y clase media, o dicho en otras palabras los ingresos promedios de los propietarios de pequeñas y medianas empresas son ligeramente superiores al ingreso promedio de los trabajadores asalariados en la economía formal, quienes sí tienen acceso a la seguridad social y por lo tanto acceden a servicios de salud, vivienda y ahorro para el retiro. Pero ¿por qué existen estas diferencias? Y ¿por qué ha pasado tanto tiempo y este problema ni siquiera se ha abordado por la clase política o por los medios de comunicación?

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Desgraciadamente las leyes mexicanas fueron creadas con muchos prejuicios y suposiciones, muchos de los cuales se mantienen hasta nuestros días, siendo uno de ellos, el prejuicio de que todos los empresarios sin importar el tamaño de su empresa son ricos, y por lo tanto no necesitan de seguridad social proporcionada por el estado, debido a que según esta manera de pensar pueden pagar estos servicios en el sector privado. En cierta manera este prejuicio es entendible en el contexto que se vivió cuando estas leyes fueron creadas en los años 30´s y 40´s del siglo pasado, ósea en las primeras décadas posteriores a la revolución mexicana, la cual se peleó debido a la gran desigualdad social y falta de derechos laborales de la inmensa mayoría de los mexicanos. Pero con el paso del tiempo la realidad ha cambiado y desde hace ya varias décadas se han creado miles de pequeñas empresas a lo largo y ancho del país, y la realidad es que el nivel de vida de estos pequeños empresarios es apenas ligeramente mejor que el del trabajador asalariado promedio, pero a diferencia de estos carecen de acceso a la seguridad social al mismo tiempo que sus ingresos promedio no son lo suficientemente altos como para costearse por sí mismos dichos servicios. 

Uno de los debates que teníamos en México justo antes de la pandemia, era la eficiencia de los cambios de que el gobierno del presidente López Obrador, está implementando en el seguro popular y su transformación en el INSABI, pero a pesar de los fallos en la ejecución de dichos cambios, el objetivo detrás de esto es simplemente inobjetable, pues busca la universalidad de acceso a la salud para todos los mexicanos. Pero dicha universalidad si no se logran resolver los vacíos de accesibilidad a este servicio tan básico y el primero de ellos que se puede solucionar es el brindar de acceso a la seguridad social a los pequeños y medianos empresarios.

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La mejor manera de lograr esto es mediante una de las propuestas que plantee en un artículo anterior para brindarle acceso a la seguridad social a los trabajadores independientes. En esta propuesta se plantea el agregar el costo de las cuotas de seguridad social y ahorro para el retiro a los regímenes fiscales de personas físicas enfocados a quienes facturan menos, los cuales representan la gran mayoría de los propietarios de pequeñas y medianas empresas, por lo que dicho costo se incluiría al de los impuestos que actualmente pagan. Incluso el pago de dichas cuotas podría subsidiarse de forma similar como se subsidia a los trabajadores asalariados, ya que el SAT cuenta con la información suficiente como para segmentar a los contribuyentes según su ingreso real, y a aquellos con menores ingresos darles la posibilidad de acceder a prestaciones tan básicas como salud, vivienda y retiro a precios subsidiados, para reducir el impacto en los contribuyentes y ofrecerle dicho subsidio solo a aquellos que realmente lo necesiten y en la proporción en que lo requieran.

Como podemos ver, en la vida real no solamente existen blancos y negros, por lo que se pueden implementar soluciones intermedias, ya que, si bien la mayoría de los propietarios de pequeñas y medianas empresas no pueden costear servicios de salud privados, por lo menos no sin poner en riesgo sus finanzas personales, si pueden costear las cuotas de seguridad social similares a las que pagan los trabajadores asalariados. Entonces, en resumen, es posible el garantizar acceso a servicios de seguridad social a este segmento de la población sin que esto represente un costo adicional a las finanzas del gobierno.

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Además de que el incluir estas prestaciones en el pago de impuestos, podría servir como incentivo para que una parte de quienes operan en la economía informal, se formalicen y comiencen a pagar impuestos, con la intención de acceder a las prestaciones de seguridad social. A lo que debemos agregar que además de acceso a salud, se le da acceso a este segmento de la población a ahorro para el retiro, lo que ayudará a resolver una parte del ya estructural y complejo problema de pensiones que pondrá en riesgo las finanzas públicas del país en los próximos años, y por último la ventaja que representa para la economía el que esta parte de la población tenga acceso a la prestación de vivienda, lo cual puede reactivar en el mediano plazo el sector de la construcción y reducir el rezago de acceso a la vivienda que existe en el país.

Para concluir, no hay dudas de que el buscar la universalidad en el acceso a servicios básicos como la salud, ahorro para el retiro y vivienda, debe ser el objetivo de todo gobierno, afortunadamente los dos últimos gobiernos lo han planteado, aunque sus estrategias son muy cuestionables y hasta el momento muy poco efectivas. Pero se pueden hacer pequeños cambios que nos acerquen a ello y uno de esos cambios puede ser el que se plantea en este artículo, incluso esta propuesta podría aplicarse se forma gradual primero ofreciéndola como una opción y gradualmente incluirla por completo a los regímenes fiscales de personas físicas, para que de esta manera las contribuciones de los contribuyentes de mayores ingresos quienes muy probablemente no usaran estos servicios subsidien a los demás, de la misma manera en que ocurre con los trabajadores asalariados.

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